EN DEFENSA DE LA INGENIERÍA NACIONAL, CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Perú y casi la totalidad de países latinoamericanos, en estos últimos tiempos no pueden dejar de tener como principal preocupación a los casos de corrupción y su tremendo efecto dañino en nuestras sociedades.

En este contexto, en que la población justificadamente se llena de indignación, es importante también advertir sobre la ligereza con que se puede estar calificando actos de corrupción donde no los hay.

Debemos reconocer que buena parte de los casos de corrupción se relacionan con proyectos y ejecución de obras públicas. Por tal razón es muy importante deslindar el rol que cumplen los ingenieros en el Perú.

La Ingeniería Nacional y las Obras Públicas

La ingeniería nacional tiene un historial de más de 140 años de formalidad contribuyendo a la construcción y desarrollo del país. Desde hace 56 años de existencia del Colegio de Ingenieros del Perú se ha formalizado el ejercicio legal de esta noble profesión en el Perú, incorporando altos niveles de responsabilidad, fomentando la calidad, la seguridad, el compromiso con el país y la ética profesional, que impide hacer cosas incorrectas.

La ingeniería es una profesión que se orienta por la defensa y el desarrollo de la vida humana. Es la única profesión cuyas malas prácticas pueden originar magnicidios destruyendo muchas vidas y afectar infraestructura costosa, el medio ambiente y los recursos económicos, muy escasos  y necesarios en nuestro país. En el país ya existe legislación que establece responsabilidades y penaliza las malas prácticas de los ingenieros, a lo que se suma la permanente vigilancia del Colegio de Ingenieros.

Las obras públicas requieren de la participación de los ingenieros nacionales en las fases de planeamiento, diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento. La Inversión Pública en el Perú alcanza cifras cercanas al 7% del PBI, monto importante para un país con mucho déficit de infraestructura y cuyo gasto debe ser efectivo y libre de mal uso de estos fondos; de allí la necesidad de prestar atención a las modalidades y fuentes de corrupción relacionadas con las obras públicas.

Diversas modalidades y fuentes de corrupción

Existen diversas modalidades potenciales para generar el empleo deshonesto de los fondos públicos.

·       La primera, en la fase de supuesto planeamiento de las inversiones públicas, cuando se establecen prioridades con sustentos endebles, pues lamentablemente no se cuenta con planes vinculantes de desarrollo para el país y las diferentes regiones. En el Perú, solo se practica una planificación referencial muy pobre, no vinculante e incompleta. Como resultado muchas de las inversiones públicas realizadas no tienen la prioridad que las necesidades de desarrollo sostenible lo demandan.

·       En la fase de Estudios de Preinversión, comprendiendo perfiles, estudios de pre factibilidad y factibilidad, en muchos casos a priori se establece la viabilidad de la inversión; muy raros son los casos en que se concluye que una inversión no es viable. En muchos casos con acomodos y presiones se subestima los montos de inversión (CAPEX: capital expenses), así como los gastos de operación y mantenimiento (OPEX: operational expenses) y se sobre estiman los beneficios, para que se obtenga artificialmente la viabilidad de los proyectos de inversión.

·       Poca o nula cultura de estimación de costos en las inversiones. Parece no entenderse que la estimación de costos de inversión se efectúa por aproximaciones, según el nivel que tenga el desarrollo del proyecto de inversión, es decir en fases preliminares de perfiles, pre factibildad y factibilidad la precisión en los estimados de costos es mucho menor que en fases posteriores en las que se cuenta con investigaciones de campo y se realicen diseños detallados. Sumado a la tendencia a  “desinflar” los estimados de costos de inversión en los estudios de pre inversión, se agrega la absurda pretensión de algunas autoridades y fiscalizadores que los montos de inversión reales no cambien respecto a los estimados iniciales en la fase de pre inversión.

·       Poca estimación y gestión de riesgos de las inversiones. Riesgo es todo aquello que puede originar retraso y sobrecostos en los proyectos en ejecución. Existen muchos factores de riesgo (naturales como sismos, fenómeno del niño, cambio climático; de entorno económico como variación internacional de precios de materiales, inflación, devaluación; disponibilidad y aptitud de agentes como contratistas y proveedores; políticos, sociales, etc). Debemos ser enfáticos en que no existen proyectos en el mundo absolutamente libres de riesgos y por tanto están obligados a establecer un margen de contingencias como previsión adicional al monto de inversión. En el país se ha establecido normatividad para realizar estudios de riesgo en las inversiones, para identificar los factores de riesgo en diferentes etapas, pero solo para establecer obligaciones y responsabilidades de gestión y manejo de riesgos que no permitan variar los montos de inversión previstos, es decir lograr contingencias “cero”, lo que es un absurdo y también constituye una fuente para realizar actos incorrectos.

·       Bajas asignaciones presupuestales para realizar diseños y estudios definitivos de las obras públicas, lo que descarta la participación los ingenieros de mayor experiencia, y da lugar a pocas investigaciones de campo, resultando en Expedientes Técnicos sin bases sólidas y que después son la causa de adicionales en la ejecución de las obras, que principalmente sirven para corregir diseños con supuestos que no corresponden a la realidad e incertidumbres sobre las condiciones de los sitios en que se ejecutan las obras.

·       Los Expedientes Técnicos pobremente elaborados pueden ser fuente de Licitaciones de Obras arregladas, en las que se puede ganar la buena pro con una base de metrados inferior a sabiendas que después se van a generar muchos adicionales.

·       Procedimientos de Licitación en las contrataciones del Estado, que a pesar de las continuas modificaciones,  no llegan a controlar las posibilidades de concertación y acuerdos entre los postores.

En defensa de los ingenieros nacionales

Es más que evidente que los destapes de corrupción y coimas, evidencian que éstas forman parte del modus vivendi de empresas corruptas, que incorporan los montos previstos para las coimas a sus presupuestos de gastos generales y comerciales.

Cabe destacar que el Perú es un país en que los accionistas y gerentes de empresas de ingeniería y construcción no necesitan ser ingenieros; en cambio en casos de empresas de seguridad si es obligatorio que esos puestos sean cubiertos por oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales.

Si bien los casos de corrupción tanto presuntos y reales se derivan en procesos judiciales y penales contra los representantes legales, por la naturaleza técnica de todos los aspectos involucrados en los proyectos y obras, muchos ingenieros están resultando involucrados. No nos estamos refiriendo a los casos de conocimiento público de ingenieros claramente identificados como receptores de coimas, sino a los ingenieros que suscriben planos y documentos técnicos, suscriben la conformidad técnica y dan opinión favorable a adicionales que corrigen incertidumbres de los expedientes técnicos.

No se puede permitir que los ingenieros se sientan presionados para cambiar su opinión técnica y suscriban Estudios con presupuestos de inversión subestimados. Tampoco que se vean obligados a disminuir los márgenes de seguridad de las obras diseñadas para lograr que los presupuestos encajen en las bajas previsiones presupuestales de los estudios previos, poniendo en riesgo la vida humana.

Igualmente no se puede permitir que los ingenieros que pretenden corregir las incertidumbres despejadas durante la ejecución de las obras y por tanto suscriban la necesidad de adicionales, sean tratados como delincuentes.

En la misma forma debemos defender a los ingenieros que se ven comprometidos a validar con su sello y firma proyectos ejecutados por profesionales extranjeros y que no quieren cumplir con la obligación legal de registrarse temporalmente en el Colegio de Ingenieros.

Queremos también manifestar que está circulando desde agosto la iniciativa legislativa de un congresista, denominada “Ley que establece responsabilidad penal para proyectistas y supervisores por la inadecuada formulación del expediente técnico y de ejecutores y supervisores de obra por incumplimientos, omisiones o deficiencias en sus labores”, la misma que sin mayor detalle establece pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. De prosperar esta iniciativa que trata a los ingenieros como delincuentes solo traerá como efecto que ningún profesional de experiencia y que se respete, quiera participar en proyectos de obras públicas. Lo que se sumaría a la ya evidente negativa de ingenieros funcionarios de suscribir expedientes y autorizaciones de adicionales, considerados prácticamente como delitos. Todo lo cual se viene constituyendo en factores de frenaje de las inversiones públicas que el país necesita.

No se pueden detener las inversiones

El Perú es un país con muchos problemas, sobre todo de grandes brechas sociales. Sin embargo, también tenemos muchos recursos, somos un país mega diverso, con recursos mineros en todos los andes que atraviesan longitudinalmente el país, abundantes recursos gasíferos y energéticos, una extensa selva con abundante biodiversidad, un litoral marítimo de más de 2000 km y extensos recursos pesqueros.

Esta contradicción de muchos problemas con muchos recursos se debe resolver con grandes transformaciones físicas, que significa inversiones en obras de infraestructura e inversiones productivas para poner en valor los inmensos recursos naturales y lograr que el beneficio de estos recursos lleguen a todos los peruanos y no a un grupo reducido, para así avanzar a una sociedad de bienestar para ciudadanos con plenos derechos e igualdad de oportunidades.

Se necesita invertir en diversos proyectos que deben conducirse con altas competencias técnicas, compromiso con el país y gran integridad ética, lejos de todo tipo de corrupción. Estas inversiones no pueden detenerse, pues necesitamos con urgencia acortar brechas internas con la población menos favorecida y también las brechas externas que nos restan competitividad en las relaciones económicas globales.

Construir institucionalidad en el país

Los desbarajustes y escándalos en los sistemas judicial y político en el país solo permiten concluir en la necesidad de construir una nueva institucionalidad en el Perú, que comprenda a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y otros organismos del Estado que permitan orientar y regular la marcha del país con una visión de desarrollo sostenible, con énfasis en el cierre de las brechas sociales y avanzar hacia una sociedad de bienestar con ciudadanos con plenos derechos e igualdad de oportunidades.

Pero la construcción de una nueva institucionalidad no debe recaer solo en los organismos estatales, sino sobre todo en la sociedad civil organizada y dentro de ella en los Colegios Profesionales y el Colegio de Ingenieros en particular.