En los proyectos de inversión se presentan diferentes tipos de riesgos que se reflejan en los tiempos y costos de realización, que al final varían respecto a lo inicialmente planeado. Es imposible tener un proyecto sin riesgos y lo mejor es aprender a identificarlos, valorarlos y prepararse para manejarlos y responder ante ellos con el mínimo impacto posible.

Los proyectos de sostenimiento de activos tienen por finalidad sostener y mantener los activos de una empresa y su capacidad productiva para conservar los rendimientos económicos planeados. Es un concepto mayormente usado en empresas mineras, pero se aplica a toda empresa productiva. Por su naturaleza son de corto plazo de vigencia y varían periódicamente.

Cada vez se toma más conciencia de la importancia de las políticas y acciones preventivas para cuidar de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo y la responsabilidad de las empresas involucradas. Solamente la pérdida de una vida humana no tiene precio, de allí el especial cuidado que particularmente se toma en la fase de construcción de un proyecto de inversión, así como en la posterior fase de operación.

Ha sido una noticia muy destacada a nivel internacional y en el país, en el primer trimestre de 2019, que el Perú ha sido reconocido y valorado en forma creciente por su atractivo para las inversiones mineras, de esta manera ha sido destacado por las calificaciones y resultados de las prestigiosas encuestas Fraser. Sin embargo, desde hace relativamente corto tiempo se ha buscado introducir en el debate nacional el concepto que el desarrollo de la minería en el Perú debe estar precedido de un Ordenamiento Territorial, en el que se establezca los lugares donde se puede desarrollar actividades mineras y donde no. Asimismo, se ha adelantado el concepto que en las denominadas cabeceras de cuenca no debería realizarse actividades mineras y de otra parte que debería efectuarse consulta ciudadana en caso se trate de áreas donde se ubiquen comunidades campesinas.

Es habitual en la mayoría de los países del mundo que cuando un ingeniero empleado por una empresa privada o institución pública llega a una determinada edad (65, 70 ó 75 años) se procede a cerrar el vínculo laboral, como parte de una natural rotación o renovación social del mercado laboral y contribución a la disminución del déficit de empleo.